Democracia, justicia e impunidad

"...a pesar de la resolución judicial, algo no está bien con el sistema: algunos medios, con gran despliegue, cuatro años antes del juicio de los tribunales, nos habían juzgado y sancionado sin contar con los recursos legales, éticos y económicos con los que un Juez decidió el sobreseimiento propuesto por el Ministerio Publico. ¿Cómo corregir el daño causado? ¿Cómo fortalecer el papel de los medios sin caer en una nueva forma de impunidad, donde es posible destruir personas sin tener que responder por ello? Resolver este tipo de contradicción es uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestra democracia".

Una verdad compartida por la ciudadanía democrática es que dos fundamentos de este régimen son el Poder Judicial y la Prensa. Son dos pilares encargados de velar por el vigor y la protección individual y colectiva de derechos críticos en nuestra sociedad. Tan importantes son, que han quedado incorporados a las declaraciones de derechos humanos.



El proceso de juzgamiento que prima en cada uno de estos poderes es muy diferente. En parte, producto de ello, pueden jugar papeles antagónicos o complementarios. Son complementarios cuando las investigaciones realizadas por cada uno llegan a una misma conclusión y se nutren una de la otra. En estos casos, actúan en forma complementaria y la prensa adelanta el trabajo para el Judicial. Pero en ocasiones no es así: las conclusiones pueden ser antagónicas y llegar, al final, a puertos diferentes.

¿Por qué se dan esas conclusiones contradictorias? La principal diferencia entre ambos poderes deviene del papel central que tienen en el Judicial la presunción de inocencia y el debido proceso. El Judicial cuenta con más tiempo y recursos para investigar y juzgar. La prensa se inspira más en la velocidad, en la denuncia de carácter noticioso, con base en lo que parece ser un caso.

El principio de inocencia establece que una persona es inocente hasta que en un juicio se demuestre lo contrario (Artículo once, Declaración Universal de Derechos Humanos). El debido proceso establece garantías del proceso judicial, la certeza para la persona investigada de que no habrá arbitrariedades y se asegurarán sus derechos. Hace realidad las reglas y mecanismos para su protección.

Cómo llegan a conjugarse ambos poderes en una sociedad es muestra de su madurez democrática e institucional. Cada uno de ellos, con independencia, puede velar por el cumplimiento de las leyes, la Constitución y los tratados internacionales. Así pueden luchar contra la corrupción, y contribuir al avance social y democrático.

Cuando no coinciden ambos poderes, se genera una disonancia tripartita: entre los periodistas y los medios involucrados en la noticia, en las instancias judiciales responsables de valorar los cargos y resolver sobre ellos, y en la propia ciudadanía, que a través de medios electrónicos y convencionales puede seguir y expresarse acerca de los casos. Pero es fundamental reiterar que es en el Judicial donde se sigue el debido proceso y se hace la investigación más amplia y profunda. Allí es donde hay instancias para replantear el caso si la decisión judicial va en detrimento de la persona ciudadana. Por tanto, es esta la sentencia que, cuando es final, se debe respetar.

Recientemente, un caso legal y periodístico que me involucró ha sido sobreseído, es decir, no se encontró nada ilegal, ningún delito o responsabilidad. Como dice el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española el sobreseimiento “pone término al proceso con efectos análogos a una sentencia absolutoria”. Todas las personas que de una u otra forma fuimos involucradas en lo que se llamó en los medios el caso Recope-Procesos fuimos sobreseídas el 3 de junio de 2016. Punto final: atrás quedaron el escándalo y el dolor por el desprestigio que sufrimos.

Pero a pesar de la resolución judicial, algo no está bien con el sistema: algunos medios, con gran despliegue, cuatro años antes del juicio de los tribunales, nos habían juzgado y sancionado sin contar con los recursos legales, éticos y económicos con los que un Juez decidió el sobreseimiento propuesto por el Ministerio Publico. ¿Cómo corregir el daño causado? ¿Cómo fortalecer el papel de los medios sin caer en una nueva forma de impunidad, donde es posible destruir personas sin tener que responder por ello? Resolver este tipo de contradicción es uno de los grandes desafíos que enfrenta nuestra democracia.

Este artículo fue publicado originalmente en el periódico digital CRHoy.